El control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para bienestar de sus comunidades, y permitiéndoles de esta forma empoderarse de los temas de estado. Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003) Juntas de vigilancia (Ley 454 de 1988) Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) Auditorías Ciudadanas Otras instancias de participación ciudadana